Va a suceder uno de esos hechos históricos en la vida del movimiento obrero español de los que dejan huella. No se trata del cierre de la Central Térmica Andorra, si no la falta de alternativas y el lanzamiento al paro y la emigración de cientos de trabajadores directos, y un mazazo para otros tantos puestos de trabajo indirectos en comercios, transporte e industria. No se trata de pedir autovías sin planificación alguna bañándonos en el victimismo permanente, sino de las lógicas de los beneficios capitalistas.

Se comprueba cómo la transición energética, ni es justa laboralmente, ni es justa para la ecología por la potenciación del largo éxodo rural y la concentración urbana de otra nueva ola de emigrantes a las capitales provinciales. Por el momento la única beneficiada del cierre es ENDESA y el resto de empresas oligopólicas y usurpadores de la soberanía energética en España. Todas ellas van a contar con miles de millones de euros en subvenciones de impuestos recaudados entre la mayoría obrera por la Unión Europea y canalizadas por el Gobierno de España.

No van a faltar las lágrimas de cocodrilo de los partidos mamporreros de las empresas eléctricas. Concejales y diputados desde el municipio hasta el Estado venidos a consolarnos y echar la culpa al de al lado.

Exigimos que se tengan en cuenta las demandas de las plantillas de trabajadoras y trabajadores de las empresas auxiliares, que han quedado abandonados sin una garantía de continuidad laboral. Además, no nos olvidamos de la necesidad de retorno de todas y todos los trabajadores directos desperdigados por todo el país.

Nadie nos va arrebatar uno de los aprendizajes que hemos retomado de nuestros veteranos: la unidad sindical y social en la lucha obrera concreta. Nadie nos va a confundir en saber quiénes son los enemigos declarados de la soberanía energética de España y quiénes son los vende patrias que sólo quieren mantener los beneficios privados de ENDESA, MAESSA, IBERDROLA, REPSOL, CEPSA, GAMESA, PETRONOR,  etc.

Y también adelantamos: no van a poder con el robo de los derechos sociales de trabajadores jubilados, viudas y huérfanos y huérfanas.