Ante la noticia de que el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) va a presentar una proposición de ley abolicionista que únicamente consistiría en modificar la ya existente ley que prohíbe el proxenetismo, queremos dejar clara nuestra postura abolicionista. Consideramos que a esa propuesta le faltan muchos elementos para ser realmente una ley abolicionista y vemos sólo una intención de volver a la agenda feminista.

El Partido Comunista de España reafirmó en su XXI Congreso su compromiso con la abolición de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres: prostitución, pornografía y alquiler de úteros, “frente a un patriarcado que usa nuestros cuerpos como fuentes de ingresos, un negocio millonario sustentado en la feminización de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres que permite la esclavitud sexual y los úteros de alquiler.”

Allí donde hemos estado, hemos defendido y reclamado medidas que, protegiendo a las mujeres, acaben con la cultura de la violación. Sobre todo hemos debatido y defendido dentro del movimiento feminista que la prostitución no es un trabajo como otro cualquiera, es una violación de los derechos humanos de las mujeres y que la sexualidad feminista no se basa en empoderarnos cobrando por practicar sexo sino que la sexualidad pase a basarse en el deseo mutuo y no sólo en el consentimiento, aunque la garantía de éste haya supuesto un paso adelante.

Pero también hemos denunciado que España es el país con mayor demanda de sexo pagado de toda Europa y eso habla de que nuestra perspectiva abolicionista debe ir de la mano de un debate social que la haga viable y de que necesitamos datos que permitan visibilizar esta cuestión tan flagrante para las mujeres.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la prostitución en España supone un 0,35% del PIB del país, y mueve cada año 4.210 millones de euros.

La prostitución es un negocio multimillonario y aceptado social y políticamente, un nicho de lobbies proxenetas que se sustenta en la feminización de la pobreza, la vulnerabilidad de tantísimas mujeres y, cómo no, en la creciente demanda masculina para satisfacer sus deseos sexuales y de poder.  La inmensa mayoría de víctimas son de trata, mujeres y jóvenes migrantes sin derechos, para quienes la regulación no es una solución, puesto que con ella se pretende legitimar la explotación sexual de las mujeres. Aunque la mayoría no quiere estar en situación de prostitución, es muy difícil que puedan abandonarla mientras no tengan una alternativa que les proporcione protección, seguridad, atención médica y que garantice el tener cubiertas sus necesidades básicas. Por eso, se hace imprescindible una batería de medidas integrales que sostenga a las víctimas evitando su revictimización. Porque cuando no hay posibilidad de elección digna, no se puede hablar de libertad.

Al contexto de violencia estructural que somete a las mujeres a la desigualdad y a la opresión, se le añaden la falta de recursos efectivos de protección y apoyo y la falta de derechos para muchas de estas mujeres, migrantes en situación administrativa irregular. Víctimas institucionales de una Ley de Extranjería que perpetúa esa situación y que se combina con una serie de reglamentos y prácticas burocráticas que las excluye de facto del acceso a sus derechos.

Una ley de extranjería que facilita conseguir cuerpos para explotar en los cuidados, en el campo, en los prostíbulos… para satisfacer las demandas de esta sociedad capitalista y patriarcal y que impide a las mujeres más desfavorecidas desarrollar su proyecto de vida.

Unos reglamentos y procedimientos que exigen NIE o cuenta bancaria a personas víctimas de explotación sexual o de trata que en ocasiones ni siquiera tienen pasaporte, limitando su acceso a los derechos reconocidos, como el Ingreso Mínimo Vital, desde el inicio y durante todo el proceso. Es la administración quien debe ajustarse a la realidad de las personas a las que debe dar cobertura y posibilitar mecanismos que garanticen los derechos reconocidos en las leyes para que realmente nadie se quede atrás.

¡¡¡Derogación de la ley de extranjería ya!!!

Porque no debemos olvidar que las leyes van acordes con la sociedad y que la realidad no se cambia con una ley, sino que hay que dar la batalla para que la sociedad entienda y comparta que no se puede consentir la explotación de las mujeres para satisfacer los privilegios que otorga la actual concepción del deseo masculino.

La derogación de la ley de extranjería, misógina, racista y xenófoba, una verdadera y justa ley integral contra la trata y la explotación, son pasos imprescindibles para que la persecución y condena a los demandantes de cuerpos y a los criminales proxenetas cumplan el fin deseado y no suponga un paso atrás en la invisibilidad de esta violencia machista que explota a tantas y tantas mujeres en nuestro país. En eso estamos trabajando.

Las comunistas lo tenemos claro: queremos vidas dignas libres de violencias.