Tras tres años largos de la maldita pandemia, hay un organismo que todavía padece de un virus que cada vez le deja más y más debilitado, y además los responsables que deberían velar por su salud parece que no tienen el mínimo interés en atajar la gravedad de la enfermedad.
Estamos hablando de las entidades de la Seguridad Social que tienen una relación más directa con la ciudadanía: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Estas entidades son las que, en sus centros de atención, dan respuesta directa, a través del trabajo del personal funcionario, a todos aquellos trámites que, en algún momento de nuestras vidas, podemos necesitar realizar ante la seguridad social: solicitar la pensión de jubilación, una prestación de maternidad o paternidad, el IMV, solicitar una vida laboral, informes de estar al corriente de pago, y tantas otras gestiones que se llevan a cabo a través de la seguridad social.
El gran problema que han venido teniendo desde hace lustros el INSS y la TGSS ha sido el continuo adelgazamiento de las plantillas que lo mantienen en funcionamiento. Con una plantilla cada vez más envejecida y que paulatinamente ha ido pasando a la jubilación, se ha ido dando una flagrante y deliberada ausencia de reposición del personal, para sufrimiento de los propios trabajadores de la seguridad social, y de la ciudadanía en su conjunto. Así, cada vez veíamos más mesas vacías en las oficinas de atención al público, y consecuentemente, una peor atención al ciudadano.
Todo ello se ha ido produciendo en un contexto general de empeoramiento, precarización, adelgazamiento y aplicación de recortes en el sector público, fruto de la asunción de la agenda neoliberal de los diferentes gobiernos que ha habido en nuestro país en las últimas décadas. De fondo vemos la historia de siempre: debilitar los servicios públicos para ir abriendo la puerta a su progresiva privatización. De hecho, un ejemplo es que nuevas prestaciones que han ido surgiendo en los últimos años como el cese de actividad de autónomos, o la prestación de cuidado de menores por enfermedad grave, las han asumido directamente las mutuas colaboradoras con la seguridad social, en lugar del INSS, que si bien están bajo el control del Ministerio, suponen un ahorro en costes de personal por las condiciones más precarias de sus trabajadores, y un vaciamiento de las competencias del INSS. Otro ejemplo es la contratación de personal temporal para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, ante la imposibilidad de hacerlo con los recursos actuales, razón por la cual esta prestación no está consiguiendo llegar a donde se pretendía, ya que se comprueba de nuevo que sin condiciones laborales dignas, no hay servicios públicos de calidad.
Para mayor infortunio, en este contexto de debilitamiento de la seguridad social, llegó el covid. Con la excusa de la pandemia, y con la cada vez más estrecha plantilla, se ha metido con calzador una digitalización de los trámites, que en lugar de hacer más accesible la administración, más bien ha creado una brecha digital con todas aquellas personas que bien por razón de edad, de competencias digitales o de acceso a los medios necesarios, se están quedando fuera del acceso a los servicios y trámites de nuestra seguridad social, que en muchos casos son de vital importancia para muchos trabajadores. A ello se suma la complejidad de la propia web de la seguridad social, y la dificultad para encontrar cualquier trámite si no manejas algunos conceptos específicos de seguridad social. Un auténtico maltrato institucional a la población más vulnerable.
Esta gravosa brecha digital se ha hecho patente de una manera tan evidente, que rápidamente ha surgido el malestar en amplias capas de la sociedad, motivando diferentes protestas como las de nuestras compañeras y compañeros de la federación de pensionistas de CCOO Aragón, el pasado mes de marzo, reivindicando la necesidad de la presencialidad para tener unos servicios públicos de calidad para todas y todos.
La gestión de la pandemia por parte del ministro Escrivá ha sido un absoluto fracaso, conduciendo a situaciones de caos y de impotencia por parte de los propios trabajadores de la seguridad social, y con graves consecuencias para los trabajadores que precisaban un servicio, con demoras inaceptables en el trámite de prestaciones y una práctica imposibilidad de comunicarse con la administración. La pandemia dejó de ser una excusa, cuando ha habido una gran mayoría de organismos públicos, que tras los primeros momentos de parálisis y adaptación, han seguido prestando un servicio digno y aceptable.
Desde el PCE consideramos inaceptable esta situación de deterioro al que se está llevando al INSS y a la Tesorería, siendo fundamental dotar de más recursos y personal a estas entidades, con condiciones laborales dignas, y así desatascar la situación insostenible a la que la inoperancia del ministro Escrivá ha conducido. Esta solución es urgente, ya que casi un tercio de la ya menguada plantilla se va a jubilar en los próximos cinco años, y otro tercio en los próximos diez años, según denuncian los sindicatos.
Para ello, desde el PCE Aragón consideramos fundamental la movilización sindical, que ya ha venido produciéndose durante este año, y que incluso ha planteado ir a la huelga para reivindicar lo que es justo: mayores y mejores recursos, y una gran planificación de reposición de personal que permita recuperar la calidad del servicio público.
Ha sido necesario anunciar paros parciales y la amenaza de llevar a cabo en septiembre la primera huelga de la historia en estas entidades para que el ministro Escrivá se sentase a hablar con los trabajadores y acepte unos mínimos para llegar a los acuerdos de mejora recién anunciados. Aun así, son solo eso, acuerdos, que habrá que vigilar para su cumplimiento, y que además hemos de tener claro que no aportan soluciones en el corto plazo. Mañana seguiremos sin poder pedir cita previa para que nos atiendan presencialmente.
En el PCE apoyamos las reivindicaciones del personal de la seguridad social, y el clamor que se escucha en la calle ante el maltrato institucional que sufren los ciudadanos ante unos servicios públicos cada vez más depauperados. Una vez más, solo la movilización hará conseguir nuestros objetivos. Hagámoslo por unos servicios públicos de calidad.
