Que la sanidad pública, la joya más preciada de los servicios públicos del Estado y las comunidades autónomas, ya no es totalmente pública es algo evidente. En la estructura del SALUD son ya varios ejemplos que se pueden poner, como son el Banco de Sangre, con contratos en régimen laboral y dependiente de un patronato privado vinculado a la Iglesia católica, el Hospital San Juan de Dios, de similares circunstancias, el fallido CASAR o las externalizaciones de intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas a clínicas privadas, que se llevan por ello no pocos beneficios.

Uno de estos ejemplos es la asistencia y transporte sanitario, desde el convencional al programado y no programado o urgente que presta el 061 en Aragón, con una dirección de gerencia dependiente del Servicio Aragonés de Salud y al nivel de cualquier sector sanitario. La provisión de este servicio se presta a través de una concesión a una empresa privada adjudicataria, en este caso Acciona de la Familia Entrecanales. Sus logotipos se pueden ver en los laterales de cada ambulancia del 061.

Este servicio viene presentando deficiencias desde hace tiempo. Arrastradas desde la anterior concesionaria privada, Ambuibérica, y profundizadas o no resueltas con la actual. La plantilla del 061 denuncia, entre otras cosas, ambulancias y materiales obsoletos y recortes asegurados a trabajadoras y trabajadores en plantillas y sueldos, muy por debajo de su desempeño en personal expuesto a tantos riesgos como los de cualquier otro personal sanitario (a pesar de que la Consejera Repollés no les considerase como tales en su última comparecencia). Estas deficiencias son en gran parte fruto del propio modelo de gestión privatizada promocionado por el Gobierno de Aragón. La plantilla denuncia que las dos últimas contratas acarrean 35 denuncias en inspección de trabajo, 4 conflictos colectivos desde agosto de 2018 y un mercadeo para vender la empresa del transporte sanitario urgente; a pesar de lo cual no se ha realizado ninguna acción inspectora, no se ha consultado a sindicatos para tratar estos temas y en sesiones parlamentarias lo que se hace desde el gobierno es defender su modelo de gestión a base de mentir a la población.

La plantilla del 061 dice basta. Y la militancia comunista lo decimos con ellas y ellos. Basta de este modelo depredador que busca tan solo el beneficio privado de las empresas concesionarias. Y lo busca a través de aprovechar las privatizaciones del Gobierno de Aragón, de reducción de condiciones laborales, de pérdida de prestaciones y servicios a la población.

En última instancia, se comprobará esto cuando se vea que Acciona, ante este escenario, ya solo desea vender y deshacerse del “problema”, agravándolo aún más.

Por todo ello, nos unimos a la lucha de la plantilla y a todas las voces que exigen la internalización del 061, su prestación, financiación, gestión y provisión 100% pública a cargo del SALUD. Le exigimos al Gobierno de Aragón que abandone su actitud privatizadora, que apueste decididamente por la sanidad pública y por la defensa de las trabajadoras y trabajadores y del conjunto de la población.

Apoyamos cualquier movilización o acción del Comité de Empresa del Transporte Sanitario Urgente y Programado de Aragón y nos ponemos a su disposición para lo que sea necesario.

La sanidad pública no se vende, ¡SE DEFIENDE!